A un año de nuestro ingreso a la OCDE

Karen Poniachik

Una de los grandes beneficios que obtuvo Chile al convertirse en miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), hace justo un año, es que ahora nuestras políticas públicas son permanentemente examinadas y evaluadas: nuestras estadísticas, leyes e institucionalidad son comparadas con las de los demás países que integran la organización mientras que los programas implementados por el gobierno están sujetos a constante análisis y, de ser necesario, a recomendaciones para su eventual reformulación. 


Este proceso de monitoreo constituye un aporte invaluable al momento de definir prioridades, debatir propuestas y asignar recursos para abordar los desafíos que enfrentamos. Y con respecto a éstos, la OCDE ha sido enfática: Chile es el país con mayor desigualdad de ingresos y el tercero, después de México e Israel, en lo que se refiere a la proporción de pobres. Somos la nación con mayor segregación escolar entre las 34 que integran la institución mientras que la movilidad social, medida mediante la correlación entre los ingresos de padres e hijos, es una de las más bajas. El índice de participación femenina en el mercado laboral es de 47%, versus un promedio de 62% para la OCDE, mientras que sólo un 26% de los jóvenes chilenos está empleado, en comparación con 40% del promedio de la organización.

En materia económica, la productividad se encuentra estancada como consecuencia, en parte, los bajos niveles de competencia en los mercados de productos en relación al estándar OCDE de margen precio-costo, las rigideces del mercado laboral y la falta de incentivos para innovar. En Chile, la banda ancha es 41% más cara que el resto de los países y cuatro veces más lenta, las regulaciones para abrir nuevos negocios son más restrictivas y la cantidad de productos añadidos a la canasta exportadora ha sido considerablemente inferior al valor esperado para un país con nuestro ingreso per cápita.

La OCDE le impuso una serie de obligaciones a Chile en el marco del proceso de acceso (que tuve el privilegio de encabezar durante el gobierno de la Presidenta Bachelet), incluida la aprobación de leyes tendientes a modernizar el gobierno corporativo de Codelco y de las empresas privadas, asignar responsabilidad penal a las corporaciones que incurran en los delitos de cohecho y autorizar el intercambio de información bancaria con organismos tributarios extranjeros. Esta última medida contribuyó, de paso, a que el país saliera de la “lista negra” que elabora el G20 con los países que no colaboran en este ámbito.

Además de las mencionadas exigencias, la OCDE hizo una serie de recomendaciones en otros diversos ámbitos del quehacer público, las que, si bien no son vinculantes, representan un insumo clave para el diseño de nuestras políticas públicas. Esas sugerencias están condensadas en un excelente informe titulado “Mejores Políticas para el Desarrollo: Perspectivas OCDE para Chile” recién publicado por la Organización y disponible en el sitio web del Ministerio de Hacienda. El reporte propone varias reformas estructurales con miras a incrementar nuestra productividad, requisito esencial para un crecimiento económico sostenido, y para mejorar las políticas tendientes a reducir la pobreza y la inequidad.

Entre ellas destacan aquéllas que apuntan a reducir los altos niveles de empleo informal, actualmente de 30%, a través del diseño e implementación de un modelo chileno de “flexiguridad” que combine menores indemnizaciones por años de servicio con un sistema más amplio de seguro de desempleo y una activa política de formación y reinserción laboral. En el marco de la celebración de un nuevo Día Internacional de los Trabajadores -que se conmemoró ayer domingo-, la invitación es a analizar las propuestas que nos hace la OCDE sin prejuicios ideológicos considerando que “flexi” no es sinónimo de precariedad y que la “seguridad” tampoco es equivalente a rigidez.